«El aporte de diez cerebros es casi siempre mejor que el aporte de uno — siempre y cuando se colabore adecuadamente.» —Karuna Nundy

Antecedentes

Uno de los casos más destacados de derechos digitales en India, Singhal vs. Unión de India, invalidó la sección 66A de la Ley de Tecnología de la Información del año 2000. Con la decisión de la Corte Suprema de India, el caso realizó una interpretación restringida de las disposiciones de un estatuto parlamentario que permitía que las autoridades arrestaran y multaran a quienes publicasen comentarios ofensivos en línea. La corte también abolió las disposiciones de notificación y retirada establecidas por India, pero ratificó la capacidad del Gobierno de bloquear sitios web a través de los proveedores de servicios de internet, siempre y cuando dieran razones para el bloqueo.

Hechos

El caso se desencadenó inicialmente por una actualización de estado de Facebook de dos jóvenes mujeres. Después de que el transporte y los servicios de la ciudad de Bombay fueran cerrados en preparación para el funeral de un líder político de derecha, una adolescente publicó una declaración en Facebook en la que criticaba la decisión de la ciudad. En respuesta a una queja presentada de acuerdo con la sección 66A de la Ley de Tecnología de la Información de 2000, la Policía de Bombay arrestó a la adolescente y a su amiga por haber marcado como «me gusta» la publicación en Facebook.

Los arrestos llamaron la atención de Shreya Singhal, estudiante de Derecho India de 21 años, quien sintió que la ley violaba el derecho a la libre expresión establecido en la Constitución de India. El Litigio de Interés Público en India permite a cualquier persona recurrir a una corte de apelaciones del país con un asunto de interés público, así que Singhal presentó su petición a la Corte Suprema de India para solicitar la derogación de la sección 66A de la Ley de Tecnología de la Información. La sección 66A criminalizaba el envío de mensajes «molestos» a otra persona. Según Singhal, el lenguaje del estatuto era impreciso, y por lo tanto se había malinterpretado para censurar comentarios inocentes. La protección de la ley contra el discurso molesto, excesivamente ofensivo y amenazador, era inconstitucionalmente imprecisa, y se había aplicado ampliamente.

El equipo jurídico de la Unión Popular por las Libertades Civiles (PUCL), la mayor y más antigua organización de libertades civiles y derechos humanos de India, ya estaban trabajando en una extensa petición que impugnaba no solamente la sección 66A, sino también la responsabilidad del intermediario y las reglas de bloqueo de sitios web. Como Singhal había decidido ir primero a la corte, unieron sus argumentos y presentaron su petición. Otros solicitantes también empezaron a presentar casos que impugnaban otras leyes, incluida la constitucionalidad de la sección 118d de la Ley de la Policía de Kerala, una norma que también había sido utilizada por la autoridades para arrestar a algunas personas por realizar comentarios en línea que fueron considerados «molestos» o «indecentes». El apoyo público aumentó y muchos siguieron atentamente los procedimientos judiciales.

Resultado

Tres años después, la Corte Suprema afirmó el valor de la libertad de opinión y de expresión al dar la razón a los solicitantes y sostener que la sección 66A no hacía distinción “entre una mera discusión o defensa de un punto de vista particular, que puede ser molesto o incómodo o excesivamente ofensivo para algunos, y la incitación, donde algunas palabras llevan a una inminente conexión causal con el desorden público, la seguridad del Estado, etc.”. La sección 66A era demasiado imprecisa, dijo la Corte, y por lo tanto, se podía aplicar como una forma insidiosa de censura, lo cual producía un efecto adverso que desalentaba las expresiones disidentes. La Corte también abolió la sección 118d de la Ley de la Policía de Kerala por las mismas razones.

Junto con la sección 66A, la Corte resolvió sobre las secciones 69A y 79 de la Ley de Tecnología de la Información. Según la Corte, la sección 69A permitía constitucionalmente al Gobierno bloquear sitios web y retirar contenido porque la ley estaba redactada restrictivamente. La Corte luego sostuvo que la sección 79 —que permitía al Gobierno responsabilizar a los intermediarios si tenían conocimiento real de una infracción— era constitucional. Sin embargo, la corte aclaró la definición de “conocimiento real”, y dispuso que el Gobierno presentara una orden judicial para deshabilitar cualquier contenido. En general, la decisión fue percibida como un triunfo de la jurisprudencia sobre la libre expresión, la abogacía y el activismo.

Colaboración

El caso atrajo un gran interés; cerca de siete profesionales legales lideraron los argumentos en la Corte, con el apoyo activo de 15 asesores. Múltiples instituciones de investigación ofrecieron sus aportes, y académicos se comunicaron frecuentemente con el equipo jurídico para apoyar la redacción de las peticiones y afinar los argumentos. Un informe de prensa reporto que, en total, más de 90 abogadas y abogados colaboraron con las peticiones, audiencias y argumentos ante la Corte. Aunque el trabajo en las peticiones estuvo estructurado jerárquicamente, la cultura de trabajo fue mucho más colaborativa que de costumbre. Toda la campaña llevada a cabo fuera del tribunal tomó forma sin una organización central, ni un figura que gestionase la estrategia y a los diversos actores; y muchos de los miembros del equipo jurídico coincidieron en que las múltiples fuentes de colaboración informal entre académicos, tecnólogos, periodistas y organizaciones de defensa fueron fundamentales para la decisión judicial final de derogar la ley.

Los arrestos también provocaron que los medios cubrieran el caso, incluyendo una semana de cobertura en horario estelar en la televisión nacional. Diversos grupos ya habían empezado a analizar los posibles argumentos para presentar a la Corte. La petición de Singhal movilizó a abogados, defensores de la libre expresión, académicos y periodistas a empezar a redactar sus peticiones. Apar Gupta, un abogado que asistió a la PUCL en la presentación de su petición, dijo que muchos podían sentir que el caso era un punto de inflexión para el desarrollo de los derechos fundamentales y civiles en internet del país.

La petición de Singhal fue seguida por presentaciones de organizaciones tales como PUCL, la Asociación de Internet y Telefonía Celular de India, y la ONG Causa Común, así como el sitio web de reseñas de consumidores MouthShut.com. Aunque otras disposiciones fueron impugnadas en la petición de Singhal y en los documentos presentados posteriormente, debido a que nueve de las diez peticiones buscaron derogar la sección 66A, pronto se hizo conocida en el país como el «caso de la sección 66A».

La colaboración no estaba estructurada entre las decenas de abogados y abogadas participantes; mientras la redacción de la estrategia y los argumentos estuvieron a cargo del equipo legal de cada petición, ningún organizador central coordinó a las diversas partes, y algunos litigantes eligieron trabajar independientemente. Ocasionalmente, esto generó fricción entre abogados competitivos que se precipitaron a ser los primeros en presentar sus peticiones ante la Corte; y durante las audiencias, cuando los jueces desestimaron argumentos previamente expuestos. Sin embargo, otros iniciaron conversaciones informales con algunos investigadores y tecnólogos para medir la solidez y el interés del caso. Karuna Nundy, una destacada abogada ante la Corte Suprema y abogada de PUCL, recordó haber organizado conferencias telefónicas con abogados, investigadores y tecnólogos del Centro para Internet y la Sociedad en Bangalore (CIS) y el Centro para la Gobernabilidad de las Comunicaciones en la Universidad Nacional de Delhi (CCG). Como muchos abogados, Nundy era una experimentada litigante, pero tenía menos experiencia en asuntos de responsabilidad de los intermediarios o en cómo funciona el bloqueo a un sitio web, lo cual requería de una mayor comprensión de las tecnologías de internet.

«Me di cuenta de que tuve que aumentar mi conocimiento muy rápidamente», dijo Nundy. «Ellos se convirtieron en mis recursos, en mi comité si yo tenía una pregunta o una idea. Esta empinada curva de aprendizaje que comenzó en 2011 y que culminó con argumentos en el caso fue invaluable, y el derecho tecnológico es ahora una parte importante y habitual de mi práctica».

Tras varios meses de investigación, redacción y edición, durante los cuales Nundy circuló borradores entre su red de investigadores y activistas, PUCL presentó su petición ante la Corte Suprema. Este tipo de colaboración era inusual para los casos de la Corte Suprema, dijo Nundy, pero ella enfatizó que fue fundamental añadir perspectivas diversas a la experiencia de los técnicos para identificar argumentos. Enfatizó que esto no solamente incluía las perspectivas en tecnología y de libre expresión, sino también las de los grupos de mujeres, las organizaciones contra las castas y de derechos infantiles que enfrentan la peor parte del abuso en línea.

Fuera del tribunal, otros apoyaron a algunos de los abogados y abogadas del caso y fueron fundamentales para activamente convocar reuniones estratégicas entre diversas partes interesadas pertenecientes a múltiples disciplinas. Raman Jit Singh Chima, asesor de política de Google y gerente de asuntos gubernamentales cuando el caso se inició, pasó a ser el director de política de Access Now, y asistió al equipo jurídico involucrado en los argumentos finales del caso. Reunió a algunos profesionales del sector, funcionarios gubernamentales y abogados para abordar las cuestiones jurídicas, y reconoció que los documentos publicados podrían respaldar algunos argumentos legales del caso.

Al mismo tiempo, algunas instituciones destacadas de investigación, tales como CIS y CCG, también ejercieron como consultoras para los abogados a lo largo del caso. Los argumentos legales de las peticiones contaban con el apoyo de algunos trabajos académicos e investigaciones que estas organizaciones habían llevado a cabo anteriormente. Las instituciones de investigación también contaban con recursos adicionales para abrir otras vías: CIS fue uno de los primeros actores dinámicos en el campo y ya había publicado trabajos de investigación profundos sobre la Ley de Tecnología de la Información, interactuado con el Gobierno y convocado a diversos actores sobre el tema. Luego, se incluyó a CCG en la investigación de responsabilidad del intermediario. Enviaron el informe a la Corte Suprema durante las audiencias. Sarvjeet Singh, director de programas de CCG, estuvo presente en todas las audiencias judiciales y actuó como canal de comunicación directa entre los abogados y las instituciones. Chinmayi Arun, directora ejecutiva de CCG, recuerda que sus investigadores respondían a preguntas legales de los abogados enviados por Sarvjeet Singh desde el tribunal. Quienes asistían a las audiencias documentaban los argumentos, y estas notas se distribuían entre los abogados para que sirvieran como referencia y archivo de los procedimientos del caso.

El papel de estas instituciones fue fundamental porque, aún cuando la academia legal en India era relativamente nueva, las instituciones de investigación proporcionaron el potencial y los recursos necesarios para apoyar a los profesionales jurídicos. Para tener al público informado, los abogados tuiteaban los procedimientos en vivo y brindaban audios breves cuando salían de la Corte. Periódicamente, algunos litigantes realizaban informes para la prensa y comunicaban novedades a las principales agencias de noticias.

Lecciones aprendidas

De muchas maneras, el movimiento se benefició de un conjunto de circunstancias externas que fueron muy afortunadas. Aún cuando los dos jueces del tribunal inicial no conocían las plataformas de redes sociales como Facebook, después de una rotación, el segundo tribunal entendió el potencial de abuso de los derechos que presentaba una ley que penalizaba el discurso ofensivo en línea. El juez R.F. Nariman, quien había sido fiscal general de India, conocía de tecnología por lo tanto siguió fácilmente los hechos del caso y fue quien al final dictó la sentencia. El sistema legal indio también permitió excepcionalmente que múltiples solicitantes presentaran independientemente una solicitud sobre el mismo asunto; con tantos litigantes reunidos en el mismo tribunal, las partes formaron orgánicamente canales para intercambiar información y juntar recursos. Según algunos, la prensa también influyó en el sentir público con su cobertura de los arrestos de las dos adolescentes, generando una oleada de apoyo a los demandantes. La propia Shreya Singhal venía de una familia de destacados abogados bien conectados. Y la comunidad de derechos digitales de India conocía los argumentos contra las regulaciones de censura de internet debido a los frecuentes aportes de información de las organizaciones.

Muchos coincidieron en que el mayor desafío del caso se derivaba de la falta de confianza; diversos casos en India reflejan una estructura de incentivos que promueve la competencia entre litigantes y el trabajo individual. En el caso de Singhal, las partes colaboraron mucho más de lo habitual, pero debido a la popularidad del caso, muchos se vieron impulsados a apresurarse a presentar sus peticiones. Otros abogados evitaron crear relaciones de trabajo para lograr un mayor reconocimiento del público de sus aportes personales. A veces, algunos algunos solicitantes y asesores independientes recurrieron a la prensa para buscar publicidad que no brindaba valor al caso. Estos asuntos no fueron exclusivos del caso de Singhal, y ciertamente abundan en la mayoría de litigios en India. No obstante, la poca disposición de los actores a colaborar generó las mismas dificultades.

Con respecto a las estrategias para presentar los informes, los asuntos tecnológicos, como los discursos en línea publicados en las plataformas de redes sociales, fueron claros, y por lo tanto más accesibles para los jueces. Por otro lado, fue más difícil entender los matices existentes con relación a la aplicación adecuada de la responsabilidad de los intermediarios por el discurso en línea. Esto generó desacuerdo entre algunos abogados sobre si el incluir a los jueces en estos asuntos sería conveniente o no. Como cada abogado individual no podía impedir de manera independiente que las otras partes incluyeran los mismos argumentos en sus propios informes, la mayoría los presentó sin contar con una preparación adecuada y sin consultar con otros.

Como resultado, los argumentos que no recibían análisis desde múltiples perspectivas, que no tenían el apoyo de una coalición o necesitaban de más investigación, fueron notoriamente menos efectivos. Los litigantes que no estaban adecuadamente preparados para defender estos argumentos en la Corte no solamente se rindieron ante las preguntas del juez, sino que también impidieron que otros abogados abordaran los mismos asuntos.

Otras dificultades específicas para la colaboración fueron las dinámicas de género en juego. La mayoría de los equipos involucrados en el caso estaban compuestos mayoritariamente por hombres. Nundy, la única abogada principal que participó en este caso, tuvo un enfoque colaborativo en las presentaciones hechas en nombre de su cliente, e incluyó a actores importantes en las políticas del campo tecnológico. Dar voz a estos actores en el caso fue importante, dice, y más aún dado el mayor impacto de un litigio en la Corte Suprema sobre la transformación de las políticas públicas en leyes.

Sin embargo, algunos hombres involucrados en las políticas públicas y en la legislación en el campo tecnológico parecieron tomar este enfoque consultivo como una señal de debilidad y una invitación para afirmar su dominio. «Tomando en consideración los juegos de poder y la prepotencia, se requirió de energía adicional para mantener una cultura de trabajo que fuese colaborativa y para que la toma de decisiones fuese jerárquica —me dedicaba y me dedico a ambos”, explicó Nundy. «Fue desconcertante que me explicaran conceptos legales, incluso en temas en los que yo misma había ganado casos en 15 años de carrera”. Arun dijo: «Para los hombres que no están acostumbrados a trabajar con mujeres en igualdad de términos, sería útil invertir un poco en aprender a ver, oír, valorar y respetar a las mujeres como expertas y profesionales. Con más recursos y experiencia solo puede haber mejores resultados».

Nundy enfatizó la importancia de dar debido crédito a las mujeres en iniciativas colaborativas, y sigue incluyendo activamente a mujeres en su trabajo, dentro y fuera del tribunal. Esto es algo que Arun también puso en práctica, y enfatizó la importancia de tomar un enfoque colaborativo de manera global: «Siempre he considerado que la empatía es la piedra angular de la colaboración. En CCG, nos gusta empezar con la pregunta de qué podemos dar, no qué podemos tomar. Diría que nuestras colaboraciones más duraderas son con personas a quienes les gusta hacer lo mismo. Se crece mucho a través de la colaboración si uno llega con la expectativa de aprender, autocorregirse y cambiar».

Al final, los grupos que superaron estas dificultades construyeron relaciones más duraderas, que resultaron siendo ventajosas para otras campañas más allá del caso mismo. La decisión final de derogar la sección 66A se debió en gran parte a los esfuerzos activos de colaboración entre los diversos actores. Compartir información y reunirse con frecuencia se convirtieron paulatinamente en una estrategia para planificar peticiones, apoyar argumentos en la Corte, hacer reuniones informativas y sostener relaciones para futuras campañas. Básicamente, el caso de Singhal ayudó a demostrar que los acontecimientos en un tribunal son parte de una serie de hechos que, si se armonizan, es más probable que logren un objetivo final.

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