Antecedentes

En una gran victoria para los activistas de la libertad de expresión, la Corte Constitucional de Corea derogó una infame regla de verificación de identidad en internet en agosto de 2012, que durante cinco años había exigido que los operadores de los principales sitios web de Corea recopilaran información de identidad de quienes publicaran comentarios en sus sitios web.

Hechos

En 2004, Corea adoptó el “sistema de nombre real de internet” como parte de una enmienda a la Ley de Elecciones de Funcionarios Públicos. A los funcionarios electos en ejercicio de su cargo les preocupaba que las conversaciones no reguladas en línea afectase negativamente los resultados electorales, así que se pidió a los usuarios que verificaran su identidad con sus números de registro de residente (RRN) antes de dejar sus contribuciones en sitios web relacionados con las elecciones. Al igual que un número de seguridad social, el RRN es un número de 13 dígitos asignado exclusivamente a un ciudadano coreano al momento de su nacimiento.

Luego, en 2007, los reguladores ampliaron el sistema de nombre real para aplicarlo a todos los sitios web con más de 100 000 visitantes por día, según establece el artículo 44(5) de la Ley de Promoción de la Red de Información y Comunicaciones, utilización y protección de datos. La ampliación de esta política se dio luego de que investigadores vincularan varios suicidios al ciberacoso y la difamación en línea, lo cual generó requerimientos para que hubiese mayores restricciones al anonimato en internet. Los principales proveedores pidieron entonces a los usuarios sus RRN antes de que pudieran inscribirse y publicar comentarios en sus sitios web. Los funcionarios esperaban que la capacidad de obligar a los proveedores de servicio en línea a que revelasen la información personal de los supuestos autores contuviera el flujo de perjudiciales noticias falsas.

Muchos activistas de la libre expresión y la sociedad civil pronto criticaron la medida, con el argumento de que prohibir el anonimato afectaría negativamente el discurso en línea, como los comentarios críticos al Gobierno. En enero de 2010, el Centro de Derecho de Interés Público de Solidaridad Popular para la Democracia Participativa (PSPD) y la Red Progresista Coreana (Jinbonet) presentaron impugnaciones constitucionales contra la normativa de verificación.

Resultado

En agosto de 2012, los jueces de la Corte Constitucional Coreana votaron unánimemente que la cláusula 5 del artículo 44 de la Ley de Promoción de la Red de Información y Comunicaciones, utilización y protección de datos violaba la Constitución. La corte afirmó que la política de nombre real violaba los derechos de los usuarios a la libertad de expresión, el derecho individual para determinar la identidad personal, y el derecho de los proveedores de servicio en línea a la libertad de expresión. Para justificar plenamente las restricciones, dijo la corte, los funcionarios debían haber demostrado un claro interés público. Pero la evidencia presentada fue insuficiente para demostrar que la política de nombre real producía una disminución de los comentarios de odio, difamación e insultos en internet. Los proveedores de los servicios en línea también tienen métodos alternativos para administrar las publicaciones maliciosas, y las autoridades podían rastrear a los usuarios web a través de sus direcciones IP. Además de eso, la norma había hecho que los usuarios migraran a plataformas de servicios en línea extranjeras.

“La restricción a la libertad de expresión se puede justificar solamente cuando esté claro que beneficia a los intereses públicos”, dijo la corte en su sentencia, “Es difícil decir que la regulación esté cumpliendo con los intereses públicos”.

Colaboración

Según Byoung-il Oh, miembro de Jinbonet, la larga historia detrás del movimiento de reforma en Corea del Sur empezó en 1996, cuando el Gobierno introdujo una cédula de identificación electrónica que integraría la información personal, incluido el RRN, con la cédula electrónica. Muchos vieron esta nueva cédula de identificación electrónica como una medida de control estatal que violaba los derechos de privacidad de los ciudadanos. Los miembros de múltiples organizaciones de la sociedad civil, expertos y activistas criticaron el sistema, y en 1998, muchos de ellos se unieron para lanzar juntos Jinbonet, una organización sin fines de lucro que busca defender los derechos humanos en internet y brindar servicios de internet a otras agrupaciones de movimientos sociales como un proveedor alternativo en Corea.

Desde entonces, el movimiento ha sido una pieza fundamental del trabajo de la organización. En 2002, los activistas se estaban reuniendo en conferencias y talleres para debatir la propuesta de identificación nacional, y los ciudadanos pedían tener la posibilidad de cambiar el RRN. En 2005, activistas y expertos de organizaciones de derechos humanos, incluido Jinbonet, colaboraron para realizar una encuesta sobre la legislación actual y formularios del sector privado que pedían RRN, lo cual reveló que había una gran recopilación de números de identificación. En 2006, los periodistas revelaron un robo masivo de información personal debido a una recopilación preventiva de RRNs, lo que avivó más los llamados para cambiar el sistema.

Esas primeras conversaciones fijaron las bases para una futura colaboración. Según Oh, el amplio impacto del sistema de RRN reunió a un grupo variado de organizaciones en momentos diferentes. El propio Jinbonet convocó a algunos intelectuales para analizar el impacto legal del sistema de RRN.

“Organizamos o contactamos a expertos y otras organizaciones con algún plan y propósito”, dijo Byoung-il Oh.

En 2012, Jinbonet inició la campaña “World Without a Resident Number” (Mundo sin Número de Residente) para crear conciencia y se unió a otras ONG para convocar foros públicos, realizó conferencias de prensa y ejerció presión en la Asamblea Nacional para enmendar la ley. Jinbonet también contactó a organizaciones de derechos de la mujer y a grupos de orientación sexual minoritarias para analizar si la información personal de género que figuraba en un RRN podía producir discriminación.

Para prepararse para presentar la demanda, el equipo legal de Jinbonet contactó activamente a catedráticos de Derecho en busca de apoyo para explicar la inconstitucionalidad del actual sistema de RRN. Esa experiencia era necesaria, pues Jinbonet no contaba con un profesional legal antes de que el abogado Hoonmin Shin se uniera como miembro del equipo a tiempo completo.

Lecciones aprendidas

En general, la colaboración entre los abogados y las organizaciones activistas fue sólida. Dado que Jinbonet fue una de las primeras organizaciones enfocadas únicamente en los problemas de derechos humanos relacionados con la tecnología de comunicación por internet, tuvo un papel central en la coordinación de diversos actores. El equipo incluía activistas que habían estado trabajando en asuntos relacionados con RRN desde finales de la década de 1990, y por lo tanto podía recurrir a una larga trayectoria de experiencia y conocimiento.

A lo largo del caso, los abogados ejercieron diferentes roles según se necesitaba: algunos analizaron y revisaron los datos de una encuesta, otros prepararon informes para el caso, o trabajaron con activistas para elaborar una estrategia de comunicación. Entrevistas con el equipo mostraron que los miembros a menudo reconocieron el trabajo de las organizaciones asociadas y sus miembros. Aunque los abogados de Jinbonet triunfaron en la corte, la organización ha seguido creando conciencia y convocando a diversas partes interesadas, incluida una reciente conferencia para analizar la revisión del uso de información personal para obtener el RRN. Un trabajador de Jinbonet se ha dedicado a responder problemas relacionados con el RRN a medida que surgen, y a contactar a otros expertos y organizaciones para organizar reuniones, plantear respuestas y asignar roles.

Los beneficios del caso tuvieron un impacto a largo plazo; desde que se logró la victoria judicial, influyentes abogados de la organización social Minbyun, que admiran la cooperación del equipo de Jinbonet, se unieron a las demandas de seguimiento. Juntas, las organizaciones presentaron una demanda constitucional el 9 de junio de 2014 y una impugnación administrativa el 7 de mayo de 2014. En un éxito categórico para el caso, en diciembre de 2015, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la ley de registro de residentes que impide a los ciudadanos cambiar su número.

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