“Uno de los aspectos más lindos de la asociación en este caso fue que realmente se aprovecharon las habilidades de todos, enfocándolas en la dirección adecuada.” –Matthew Segal

Antecedentes

En lo que probablemente sea la mayor desestimación de condenas injustas en la historia legal de Estados Unidos, la Corte Suprema Judicial de Massachusetts anuló y desestimó 23,595 casos de drogas que estaban basados en evidencia adulterada y fraudes atribuidos a una ex-química farmacéutica que ahora ha sido condenada. La decisión de desestimar estos casos se dio gracias a la evidencia revelada por una asociación clave entre un científico de datos y los abogados de ACLU.

Hechos

Los administradores de Hinton State Lab descubrieron en junio de 2011 que la química Annie Dookhan había cometido una falta a la ética laboral mientras trabajaba en algunos casos de drogas. Posteriormente, la Policía Estatal investigó la conducta de Dookhan, quien fue arrestada en septiembre de 2012. La investigación reveló que, durante nueve años en el Laboratorio Hinton, Dookhan había aplicado métodos simplificados al hacer pruebas a muestras de drogas, falsificado resultados y documentos del laboratorio.

Algunos acusados empezaron a presentar mociones para obtener nuevos juicios y para retirar sus declaraciones de culpabilidad en las cortes del este de Massachusetts. En respuesta a estas solicitudes, la oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Essex presentó un caso que refutaba la capacidad de los magistrados y jueces de la Corte Superior de conceder reparaciones durante la revisión de estos casos, y pedía que los acusados cumplieran sus sentencias mientras se impugnaban sus condenas. Según los fiscales, liberar a esos acusados permitiría a conocidos traficantes de drogas regresar a las calles sin que cumplieran sus sentencias completas. Los fiscales desarrollaron una iniciativa para “proteger” las condenas por drogas para salvaguardar la seguridad pública.

En respuesta, en febrero de 2013 la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y el Comité para Servicios de Asesoramiento Público (CPCS), agencia estatal de defensa pública, pidieron a la Corte Suprema Judicial que reconociera que miles de hombres y mujeres que están tras las rejas o con antecedentes penales podrían haber sido condenados o encarcelados injustamente. Al parecer, la cantidad de casos potencialmente afectados por las acciones de Dookhan alcanzaba las decenas de miles. La petición solicitaba a la Corte que adoptara un enfoque integral en esos casos, pero la Corte declinó la solicitud.

Un año después, en enero de 2014, solo algunos de los acusados afectados por el caso de Dookhan, contaban con un abogado asignado. Además, los fiscales de distrito del condado no habían publicado una lista completa de los casos afectados por la conducta de Dookhan, ni notificado a todos los acusados interesados sobre la evidencia potencialmente adulterada en sus procesos. El lento accionar de los fiscales incrementó los cuestionamientos sobre la factibilidad de abordar caso por caso un escándalo de laboratorio de drogas tan grande. Por ello, el equipo legal de ACLU presentó la demanda Bridgeman vs. Fiscal de Distrito, donde se acusa al Estado de violar el derecho al debido proceso al impedir que se impugnaran oportunamente las condenas y al tardar demasiado tiempo en identificar los casos afectados.

ACLU presentó la demanda Bridgeman en nombre de tres acusados que habían sido condenados por cargos estatales de drogas en casos en los que Dookhan participó como química. La demanda buscaba obtener un amparo que protegiera a los demandantes que estuviesen impugnando sus condenas de verse amenazados con sentencias más severas de las que recibieron inicialmente. También solicitó a la Corte que anulase cualquier condena donde los fiscales no hubieran podido identificar y notificar al acusado, en un tiempo limitado, de su intención de volver a procesar el caso. Luego, el CPCS interpuso una moción para intervenir y solicitar una “solución global” para desestimar todos los casos en los que los fiscales hubiesen decido no proseguir tras un tiempo determinado. En mayo de 2015, la Corte Suprema Judicial accedió a la petición de amparo que protegía a los acusados de sentencias más duras, pero decidió no desestimar los casos en este momento.

Luego de esa decisión, el juzgado de primera instancia proporcionó a ACLU una lista completa de los casos de drogas relacionados a la época de Dookhan como química en Hinton Lab, según información de su propia base de datos. Posteriormente, en mayo de 2016, los fiscales de distrito entregaron listas con más de 20,000 casos que incluían el trabajo de Dookhan. Por primera vez, los equipos legales tuvieron acceso a datos sobre casos vinculados con la química. Esto llevó a los abogados de ACLU, Adriana Lafaille, Carl Williams, Matthew Segal a asociarse con la científica de datos Paola Villarreal para analizar la información.

Villarreal presentó dos declaraciones juradas en 2016; una en la que afirmaba que en la mayoría de los casos de Dookhan, 62 %, la única condena de drogas fue por posesión, y otra que revelaba que el 91 % de los casos de Dookhan fueron procesados en una corte distrital, mientras que el 7 % fueron procesados en una corte superior. Estos datos brindaron una sólida evidencia contra el argumento del fiscal de distrito, según el cual dejar en libertad a los acusados supondría una seria amenaza a la seguridad pública. 

Primero, la evidencia debilitó la afirmación de los fiscales de distrito de que los acusados eran delincuentes serios. De haber sido así, los fiscales hubieran elegido llevar los casos a la corte superior, que se ocupa delitos más graves, en vez de la corte de distrito, que se encarga de delitos menores. Segundo, un mayor número de acusados, gracias a Dookhan, habrían recibido condena por distribución de drogas en vez de simple posesión. Esta evidencia parece haber sido fundamental para convencer a la Corte de pedir y convencer a los fiscales de distrito que desestimaran una gran cantidad de casos.

Resultado

El 18 de enero 2017, la Corte Suprema Judicial emitió una resolución que pedía a los fiscales de distrito que aceptaran, para el 18 de abril de 2017, desestimar una “gran cantidad” de casos. La Corte no solamente citó las estadísticas de Villarreal, sino que, en una acción inusual, mencionó el nombre de Villarreal en su opinión final.

En abril y junio de 2017, los fiscales de distrito enviaron listas para la desestimación de cargos por drogas en 21 839 casos. El juez único de la Corte Suprema Judicial emitió una orden para desestimar esos cargos. Los fiscales identificaron poco más de 300 casos en los que buscaron conservar las condenas de Dookhan. Se cree que la cantidad de desestimaciones es la mayor en la historia legal de Estados Unidos.

Colaboración

Cuando ACLU recibió el grupo de datos del juzgado de primera instancia, reconoció la oportunidad — y necesidad — de asociarse con un tecnólogo de datos calificado para analizarlos y sacar conclusiones. Lafaille trabajó de cerca con Villarreal mientras se realizaba el análisis de la información.

Según Segal, la colaboración cercana fue clave para resaltar las conclusiones más relevantes para el litigio. Un abogado enfrentado a una montaña de información, como lo estuvieron los abogados de ACLU cuando se les entregó una hoja de cálculo con más de 20 000 casos, podría saber qué buscar, pero estaría perdido sobre cómo limpiar, organizar o consultar los datos. Por otro lado, aunque un tecnólogo puede tener el conocimiento para asimilar los datos, organizar la información y luego codificar las herramientas interpretativas, podría no entender correctamente cuáles análisis podrían ser los más útiles para empoderar al equipo legal o al litigio. Un experto legal en constante comunicación con Villarreal permitió al equipo reconocer la importancia de identificar, por ejemplo, los casos de posesión de drogas, o ayudar a identificar los casos en los que el Código Penal podría haber sido confuso.

Para redactar las declaraciones juradas, Lafaille primero analizó con Villarreal las deducciones relevantes que se podían sacar a partir de los datos. Luego, Lafaille creó un primer borrador estructurado y se lo entregó a Villarreal. Las dos se volvieron a reunir para llenar los puntos de datos en secciones estratégicas de la declaración jurada, la revisaron para asegurarse de que las explicaciones para los jueces fueran claras, y finalmente las enviaron a la Corte.

“Uno de los aspectos más lindos de la asociación en este caso fue que realmente se aprovecharon las habilidades de todos, enfocándolas en la dirección adecuada”, dijo Segal.

Además de la asociación tecnológica, ACLU también se asoció con grupos comunitarios, la organización de defensores públicos Comité para Servicios de Asesoramiento Público (CPCS), y abogados de los bufetes privados Fick & Marx y Foley Hoag.

Lecciones aprendidas

Durante el caso, Villarreal ejercía como becaria en las oficinas de ACLU. Ella estaba disponible para realizar lluvias de ideas con los litigantes sobre posibles usos de los datos, incluso antes de que las necesidades de un caso específico o proyecto fueran evidentes.

“Tuvimos juntos sesiones en las que los abogados me dieron la estructura, y luego yo conectaba las ideas”, dijo Villarreal.

De muchas maneras, esto destaca la importancia de contar con personal técnico en un equipo de litigio, porque frecuentemente la colaboración esencial para un caso puede iniciarse orgánicamente.

Las conclusiones del análisis de Villarreal infundieron credibilidad al equipo legal de ACLU y fortalecieron su reputación ante los jueces. Aunque la desestimación de casi 20 000 casos pareció inverosímil al comienzo, las estadísticas ayudaron a la Corte a reconocer que la mayoría de los casos afectados por las malas prácticas de Dookhan eran de naturaleza relativamente menor. Al mismo tiempo, los números fueron citados en diversos reportes de medios que sirvieron para cambiar la opinión pública sobre el litigio. Y finalmente, la evidencia fue crucial para refutar los argumentos del abogado opositor.

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