“Si las organizaciones dedicadas a litigar tienen la visión de cambiar una parte del mundo, entonces necesitan generar alianzas con otros. Deben rendirle cuentas a la comunidad y a las personas más afectadas por el problema que están tratando de resolver”. —Joo-Hyun Kang, Director de Comunidades Unidas para Reformar a la Fuerza Policial

Antecedentes

Floyd y otros vs. Ciudad de Nueva York y otros, fue una histórica demanda federal colectiva que abordó las controvertidas políticas de detención y registro del Departamento de Policía de Nueva York. El caso fue el resultado de la colaboración significativa de múltiples grupos de incidencia, legales y comunitarios que impugnaron las tácticas discriminatorias raciales de detención y registro de la Policía. En agosto de 2013, un juez federal sostuvo que la detención sistemática de personas inocentes en la calle, sin ninguna razón de sospecha objetiva de que estuviesen cometiendo un delito, por parte de la Ciudad de Nueva York, constituye una violación la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual protege a los ciudadanos ante registros y confiscaciones inadmisibles, y a la Décima Cuarta Enmienda, por la cual se garantiza la protección igualitaria de todos los ciudadanos según la ley. La corte convocó a un funcionario federal para supervisar la implementación de amplias reformas, incluyendo el uso de cámaras corporales en algunos agentes de patrullaje, y un proceso correctivo conjunto en el que las partes interesadas colaborarían para generar un plan para el futuro.

Hechos

La política de detención y registro es el nombre que se le da a la detención temporal de una persona sobre la base de una sospecha razonable de que el individuo ha participado, o está por participar, en una actividad delictiva (“detención”).  Si la policía tiene una sospecha razonable de que la persona esta armada y/o es peligrosa, el agente está autorizado para realizar un cacheo con la mano (“registro”).

La política de detención y registro es una táctica que ha usado el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) en los últimos 50 años, la cual aumentó en la década de 1990 e impactó fuertemente a las comunidades de color de la Ciudad de Nueva York. Se detuvo a muchos más afroamericanos y latinos que a blancos. El caso Floyd se construyó sobre un destacado caso anterior de perfil racial—Daniels y otros. vs. Ciudad de Nueva York, presentado en 1999 después de que la Unidad de Delincuencia Callejera de NYPD matara a un inmigrante africano desarmado, Amadou Diallo. Un acuerdo logrado por el Centro para los Derechos Constitucionales (CCR) y otros, consiguió que el Departamento de Policía proporcionara a CCR datos trimestrales de detención y registro entre 2003 y 2007.

Los análisis de datos hallaron que la cantidad anual de detenciones realizadas por el NYPD aumentó en casi 200 % durante esos años y que en aproximadamente el 88% de los casos no llevaron a probar evidencia de un delito. Además, aproximadamente el 85 % de los detenidos eran negros o latinos, mientras que solamente el 10 % eran blancos.

Después de que la comunidad notó este patrón de violaciones y otros incumplimientos con el acuerdo de Daniels, CCR y un equipo de 12 juristas, en consulta con grupos de responsabilidad policial de la Ciudad de Nueva York, decidieron presentar la demanda colectiva Floyd en 2008, que sostenía que el NYPD se dirigía específicamente a hombres negros e hispanos en la detención y registro, sin tener razones objetivas de sospecha de comportamiento criminal. Los demandantes nombrados en el caso —David Floyd, David Ourlicht, Lalit Clarkson y Deon Dennis— representaban a los 4.4 millones de neoyorquinos que fueron detenidos entre 2004 y 2012. El juicio duró nueve semanas, entre marzo y mayo de 2013, y contó con el testimonio de más de cien testigos.

Resultado

Una jueza federal determinó el 12 de agosto de 2013, que las prácticas de detención y registro violaban los derechos constitucionales de las minorías de la ciudad. La jueza Shira A. Scheindlin, de la Corte del Distrito de Manhattan, resolvió que las tácticas del NYPD no solo infringían los derechos de los demandantes garantizados por la Cuarta Enmienda, sino que el Departamento de Policía utilizaba una política de “perfil racial” para detener rutinariamente a negros e hispanos a quienes no hubieran detenido si hubieran sido blancos. Dijo que eso era una violación a la Cláusula de Protección Igualitaria de la Décima Cuarta Enmienda.

En su decisión, la jueza reconoció una serie de cambios que había que implementar inmediatamente, como parte de un “inmediato proceso de reforma”. La sentencia también pedía la creación de un programa piloto que exigía que los agentes de al menos cinco comisarias en toda la ciudad usaran cámaras corporales para grabar los encuentros callejeros, como posible herramienta para asignar responsabilidades. La corte designó a un profesional independiente para que supervisara la reforma de las prácticas del NYPD y se asegurara que cumplieran la ley. Más importante aún, la jueza ordenó que se iniciara un proceso de reparación conjunta para solicitar a los neoyorquinos afectados soluciones adicionales sobre cómo el NYPD debería reformar sus prácticas para cumplir con la Constitución. La jueza destacó la importancia del aporte de la comunidad al escribir que “ninguna pericia jurídica o policial puede reemplazar la comprensión de una comunidad sobre las probables consecuencias prácticas de las reformas en términos de libertad y seguridad”.

Un facilitador designado por la corte está guiando actualmente este proceso de reparación conjunta, que incluye a partes interesadas de la comunidad, funcionarios locales electos, representantes de las autoridades, organizaciones étnicas y religiosas, académicos, funcionarios del NYPD y los demandantes de Floyd. La decisión fue considerada como una importante victoria para la campaña y parte de un proceso mayor de responsabilidad del NYPD.

Colaboración

La estructura del litigio del caso Floyd provino de un particular modelo de colaboración defendido por el CCR. La organización sin fines de lucro fue fundada bajo la creencia de que los profesionales legales deben tener un rol modesto en las campañas que buscan cambios sociales. En opinión del CCR, los abogadas y abogados no solamente deben abordar las violaciones a los derechos constitucionales y humanos a través de litigios de alto impacto, sino que también deben usar la ley como una más de las muchas herramientas que apoyan las aspiraciones de los movimientos de base políticos y sociales vigentes.

En el caso Floyd, durante varias décadas se había estado creando una sólida comunidad que buscaba responsabilidad policial en Nueva York, e incluía a varias organizaciones influyentes que trabajan directamente con las comunidades afectadas por las acciones policiales. Estos grupos representaban un amplio espectro de personas con diferentes antecedentes socioeconómicos, razas y religiones. Las organizaciones iban desde organizaciones populares comunitarias hasta organizaciones legales y políticas bien financiadas.

Al darse cuenta de esto, el CCR y otras ONG crearon en 2011 la campaña de Comunidades Unidas para Reformar la Fuerza Policial (CPR), como entidad coordinadora de las iniciativas de responsabilidad policial en la ciudad. Actualmente, CPR se compone de más de cinco docenas de organizaciones y está al mando de Joo-Hyun Kang, directora de CPR. Entre sus iniciativas, CPR ha ayudado a coordinar el trabajo de litigantes en la ciudad y a mejorar la visión política de los neoyorquinos afectados. Este esfuerzo simbiótico demostró ser un valioso trasfondo en el éxito del caso Floyd.

“Las habilidades de los abogados son importantes, pero no pueden reemplazar y no reemplazan la experiencia comunitaria”. –Joo-Hyun Kang, directora de Comunidades Unidas para Reformar a la Fuerza Policial.

Después de años de trabajo de incidencia, en 2013 “detención y registro” se había vuelto una frase reconocible. CPR organizó actividades de educación comunitarias y habló frecuentemente con periodistas que informaban de las novedades y desafíos políticos de estas y otras tácticas policiales discriminatorias y abusivas. Todo esto generó una enorme conciencia pública y preparó el ambiente para una demanda de alto perfil.

A lo largo del avance del caso, la comunidad de defensa de CPR ejerció un rol crucial. Desde los niveles más básicos de la preparación del caso, los litigantes fueron influenciados por los aportes de la comunidad. Antes del caso Floyd, las demandas que impugnaban la detención y registro se centraban en soluciones muy reducidas para las prácticas inconstitucionales de detención y registro, como el reentrenamiento de los agentes y la recopilación de datos. Sin embargo, las historias presentadas por la comunidad a los abogados durante las reuniones colaborativas impulsaron una investigación y, a la larga, una solicitud a la corte federal en el caso Floyd, en búsqueda de una reparación conjunta y amplia que incorporaría las opiniones de las comunidades más directamente impactadas por las prácticas inconstitucionales de detención y registro a las reformas de las mismas.

El movimiento social también proporcionó capital humano que fue fundamental para el caso. El equipo jurídico de Floyd trabajó colaborativamente con demandantes y testigos de las organizaciones de CPR. Usualmente, estas personas eran veteranos del movimiento y podían mantener el grado de sofisticación política necesaria para llevar adelante una demanda políticamente agresiva. Durante varias semanas del juicio, CPR organizó a grupos representativos para llenar la corte con diferentes sectores de la comunidad para presentar simbólicamente una perspectiva diferente al caso. Durante varios días, mujeres, personas LGBTIQ, jóvenes, residentes de viviendas de bajos recursos, entre otros, colmaron la corte, realizaron conferencias de prensa y hablaron con periodistas sobre el impacto que la detención y registro tenía para sus comunidades específicas.

Al mismo tiempo, el CCR se comunicó constantemente con CPR para analizar momentos y acontecimientos claves en el litigio y el juicio, delinear anticipadamente las estrategias a adoptar ante futuras oportunidades, y elaborar un programa de comunicaciones colaborativo. Esto incluyó la decisión inusual de los abogados de organizar, con la asistencia de Open Society Foundations, una conferencia de dos días con organizadores de la comunidad para analizar las reparaciones a presentar a la jueza antes de que emitiera su opinión. A esta conferencia, el CCR invitó a expertos en políticas públicas y a organizadores de la comunidad de Cincinnati –con quienes el CCR y CPR ya habían desarrollado anteriormente una buena relación– para aprender sobre un exitoso enfoque de vigilancia comunitaria, que se había puesto en práctica en Cincinnati con resultados positivos. Este mismo proceso generó la propuesta de marzo de 2013 que el equipo legal de Floyd presentó a la jueza del proceso de reparación conjunta, que la corte finalmente ordenó en agosto de ese año.

Los beneficios de contar con una sólida colaboración entre los grupos legales y de incidencia también fueron evidentes en un conjunto de decisiones políticas extraordinarias. A menudo, las campañas de justicia social importantes están vinculadas a la política local de la jurisdicción, y Floyd no fue diferente. A pocos momentos de elegir a un nuevo alcalde, la impactante decisión del caso Floyd fue apelada por la ciudad de Nueva York, lo cual amenazó con obstaculizar todo el progreso conseguido con relación a la reforma de la detención y registro.

Particularmente, en los meses previos a la elección, los esfuerzos educativos de la campaña prácticamente garantizaron que el asunto de la detención y registro fuese elevado al discurso político diario, e incluso se convirtiese finalmente en un punto relevante del programa político de los candidatos municipales. Después de la elección de Bill de Blasio, se presionó al alcalde para que cumpliese con sus promesas de campaña y que, como primer paso, desistiera de la apelación iniciada por el alcalde anterior. A final de enero de 2014, el alcalde se unió al CCR y otros para anunciar que la ciudad desistiría de la apelación a la resolución judicial. Sin la presión clave sobre el alcalde, la apelación de la ciudad y la paralización de las reformas ordenadas por la corte probablemente hubieran languidecido durante meses.

“Le cuento esta historia a abogados convencionales, porque acá los beneficios de la colaboración no son abstractos. Este es un ejemplo concreto de cómo la defensa puede influir en la ley”, dijo Baher Azmy, director legal de CCR.

En general, los equipos legales y de incidencia estuvieron constantemente conscientes de las oportunidades para relacionarse con sus socios y colaborar en todos los aspectos del caso. Además de la cercana colaboración de unos con otros, los equipos legales involucraron a expertos académicos para ayudar con los análisis estadísticos del caso y participaron proactivamente con periodistas para informar sobre las novedades y la cobertura del caso durante el juicio. Destacados bufetes privados, incluidos Beldock Levine & Hoffman LLP y Covington & Burling LLP, brindaron el apoyo necesario para ayudar con los difíciles requisitos procesales que un litigio complicado acarrea.

El triunfo de la campaña en ampliar los derechos civiles en un ambiente tan altamente controvertido habla del éxito de estas iniciativas colaborativas.

Lecciones aprendidas

Aunque la lista de logros del caso fue larga, la cantidad de personas que participaron en los diversos equipos era pequeña —menos de una docena en el grupo central de los equipos de el CCR y CPR— a los que se unieron muchos neoyorquinos afectados. Los actores más destacados que fueron entrevistados para este Caso de Estudio estuvieron unánimemente de acuerdo en que la influencia de cada actor fue ampliada por la colaboración. Esta filosofía habla de la reputación del CCR de fundamentar el trabajo legal en movimientos populares y en buscar el aporte de la comunidad.

“La confianza es merecida, porque dedicamos mucho tiempo y esfuerzo para ganar esa confianza”, dijo Darius Charney, abogado principal, Centro para Derechos Constitucionales y principal asesor en el caso Floyd.

Esta confianza y estas colaboraciones fueron el resultado de años de esfuerzos en la construcción de relaciones humanas. Desde fines de la década de 1990, el CCR empezó a ofrecerse como socio de movimientos populares de justicia social, y prometió escuchar. El objetivo final no era ganar un caso de alto perfil, sino progresar en los asuntos. El CCR consideraba el litigio solamente como otra herramienta colaborativa a su disposición, lo cual se traducía en acciones para organizar, ocupar calles, aprobar legislación, cambiar el discurso político y activar medios tradicionales. Al decidir litigar, los abogados consideraron la oportunidad y sopesaron el costo y los beneficios del movimiento como un todo.

“Nos interesa lograr un cambio sostenible en el largo plazo, lo cual nunca va a ocurrir solo a partir de una sentencia o el cambio de una ley. Va a ocurrir porque construimos un cierto tipo de cultura”, dijo Joo-Hyun Kang, directora de CPR.

Más allá de las actividades de promoción, el equipo de incidencia en Floyd sirvió como un canal entre la comunidad y el equipo legal. Así mismo, los organizadores de CPR tradujeron y trasladaron la información del equipo legal a la comunidad, y al público. Los grupos tomaron una decisión consciente de mantener abiertos los flujos de información. Todos los equipos en el caso Floyd reconocieron que el litigio era una de muchas herramientas, al igual que la desobediencia civil, las iniciativas para colmar las cortes, la educación de los concejales, las manifestaciones y marchas públicas, las propuestas de legislación y las prácticas de presión o cabildeo, etc. Para avanzar en estas iniciativas se debe trabajar en armonía.

“Como un no-litigante que ha trabajado con litigantes durante toda mi carrera profesional, he visto que lo mejor ocurre solo cuando hay una relación simbiótica, compartida y colaborativa, en la que los líderes de las comunidades impactadas impulsan las estrategias aplicadas”, dijo Nahal Zamani, administradora del Programa de Defensa, Centro para los Derechos Constitucionales.

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